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Este informe es el resultado de un trabajo colectivo dedicado, pero no habría sido posible sin el valor de quienes aceptaron hablar con nosotros. Compartir sus declaraciones requirió una determinación y un esfuerzo extraordinarios. Estamos sinceramente agradecidos a todos los que nos confiaron sus historias.
Al preparar este informe, nos enfrentamos a una difícil elección: en cuáles de los numerosos crímenes centrarnos y cuáles dejar fuera del alcance de este estudio. Finalmente, decidimos que este informe debía ser principalmente un estudio de la ocupación en sí, tanto de la ciudad como de la central, de los casos de tortura de civiles y de las amenazas a la seguridad nuclear. Al mismo tiempo, consideramos importante centrarnos en un facilitador de los crímenes y violaciones reportados.
Resumen ejecutivo
La toma por parte de Rusia de la ciudad de Enerhodar y de la central nuclear de Zaporizhzhia (ZNPP) en marzo de 2022 supuso un acontecimiento sin precedentes en la historia moderna: la primera ocupación militar de una central nuclear comercial en funcionamiento. Esta ocupación, que ya entra en su cuarto año, ha sido testigo de una convergencia de abusos contra los derechos humanos, violaciones del derecho internacional y graves riesgos para la seguridad nuclear, con profundas consecuencias a nivel nacional y mundial.
Este informe examina la toma física y administrativa de Enerhodar y la central nuclear de Zaporizhzhia por parte de las fuerzas de ocupación, la tortura y persecución sistemáticas de civiles, incluido el personal de la central, y la profunda integración de la corporación nuclear estatal rusa, la Corporación Estatal de Energía Atómica Rosatom (en adelante, Rosatom), en la gobernanza de la Enerhodar ocupada y los propios crímenes.1 Basándose en meses de investigación, el informe revela cómo las estructuras corporativas, administrativas y financieras de Rosatom se han utilizado como arma al servicio del control militar y han llevado a la represión de la resistencia, a la comisión de delitos graves y al deterioro de la seguridad nuclear. Las conclusiones subrayan la urgente necesidad de una acción internacional coordinada para detener las violaciones en curso, proteger la seguridad nuclear y exigir responsabilidades a los autores.
Cuando las fuerzas rusas capturaron Enerhodar el 4 de marzo de 2022, menos de dos semanas después del inicio de la invasión a gran escala de Ucrania, tomaron el control de la ZNPP, la central nuclear más grande de Europa. Las tropas rusas mantuvieron el control de las infraestructuras críticas de Enerhodar, pero las autoridades municipales ucranianas continuaron intentando funcionar, organizando evacuaciones, manteniendo los servicios públicos y sosteniendo la moral de los ciudadanos. La resistencia civil llevó a miles de personas a manifestarse contra la ocupación. Este frágil acuerdo se derrumbó a finales de marzo y principios de abril, cuando las fuerzas rusas desmantelaron los sistemas de gobierno ucranianos y los sustituyeron por la fuerza por órganos administrativos paralelos. La represión y la violencia se convirtieron rápidamente en algo sistemático, dirigiéndose, entre otros, contra los voluntarios de la defensa territorial, los activistas proucranianos y el personal de la ZNPP que se negaba a colaborar. Las fuerzas rusas establecieron al menos siete centros de detención en Enerhodar y sus alrededores, incluidas dos instalaciones de menor tamaño.
Truth Hounds ha documentado cómo la ocupación rusa detuvo ilegalmente al menos a 226 residentes de Enerhodar y empleados de la central nuclear de Zaporizhzhia, la mayoría de ellos en instalaciones gravemente superpobladas donde los detenidos fueron sometidos a torturas físicas y psicológicas para obtener información, forzar confesiones, castigar la disidencia, intimidar y coaccionar la colaboración. Las fuerzas rusas privaron a los detenidos de comida, agua y atención médica, en contravención de las disposiciones del derecho internacional. La tortura, que incluía palizas, electrocución, violencia sexual, simulacros de ejecuciones y amenazas a los familiares de los detenidos, se convirtió en algo habitual.
Los interrogatorios a menudo buscaban obtener información sobre actividades de resistencia, armas y vínculos con los militares ucranianos. Algunos detenidos fueron obligados a firmar acuerdos de cooperación o contratos con Rosatom y muchos fueron filmados haciendo declaraciones falsas elogiando a las fuerzas rusas o desacreditando a Ucrania con fines propagandísticos.
La investigación de Truth Hounds indica que estos abusos eran actos generalizados y sistemáticos dirigidos contra civiles que constituyen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad según el derecho internacional. Además, se atacó deliberadamente al personal autorizado de la central y a especialistas con conocimientos técnicos únicos y fundamentales para la seguridad del reactor, lo que deterioró el funcionamiento seguro de la instalación y aumentó el riesgo de un accidente nuclear.
Para el otoño de 2022, Rusia había consolidado su control mediante un pseudo referéndum, decretos que transferían la ZNPP a la jurisdicción rusa y la desconexión de la central de la red energética de Ucrania. La población de Enerhodar pasó de 50 000 habitantes antes de la ocupación a aproximadamente 10 000 en marzo de 2025. Rosatom desempeñó un papel fundamental en esta consolidación. Los presupuestos municipales pasaron a depender de las subvenciones y ayudas canalizadas a través de la corporación, y los puestos clave de la administración ocupante fueron ocupados por personas con experiencia en Rosatom o en el sector nuclear, replicando los modelos de gobernanza de las «ciudades atómicas» de Rusia. Los representantes de Rosatom o quienes actuaban en su nombre coaccionaron al personal de la ZNPP para que firmara contratos y se comprometiera a cumplir con la ocupación. La condición de «empresa estatal» de la corporación según la legislación rusa, que combina la actividad comercial con funciones estatales, le permite actuar tanto como agente económico como ejecutor de la política de ocupación.
Su presencia continuada en los mercados nucleares mundiales proporciona recursos y experiencia para sostener la propia ocupación. La conducta de las fuerzas rusas y las autoridades de ocupación en Enerhodar y en la central nuclear de Zaporizhzhia constituye una grave violación del derecho internacional humanitario (DIH), ya que se trata de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El confinamiento ilegal, la tortura y el trato inhumano de civiles violan el Estatuto de Roma y los Convenios de Ginebra, mientras que los ataques contra instalaciones nucleares civiles contravienen el Protocolo Adicional I (PA(I)). El papel activo de Rosatom en las prácticas coercitivas puede dar lugar a la responsabilidad del Estado y a la responsabilidad corporativa en virtud del derecho internacional. Además, la integración de una empresa estatal en la maquinaria de ocupación y represión es una realidad preocupante y peligrosa que justifica una mayor acción internacional para que las empresas rindan cuentas por su papel en la comisión de estos crímenes.
Los riesgos de una catástrofe nuclear en la central nuclear de Zaporizhzhia siguen siendo reales y demuestran el desprecio fundamental de Rusia por las normas internacionales bien establecidas en materia de seguridad nuclear. El reclutamiento coercitivo de personal de la central por parte de las fuerzas de ocupación y el clima general de miedo que se respira en la central y sus alrededores violan los «Siete pilares indispensables de la seguridad nuclear» del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en particular el principio de que el personal debe trabajar sin presiones indebidas. La intimidación, la pérdida de personal cualificado y la ruptura de los vínculos con los sistemas reguladores de Ucrania han erosionado la cultura de seguridad de la central, creando riesgos nucleares con implicaciones internacionales. En septiembre de 2025, la ZNPP sigue bajo control ruso. Los seis reactores de la central llevan parados desde septiembre de 2022, pero, en mayo de 2025, el director de Rosatom, Alexey Likhachev, anunció la aprobación de un plan para restaurar la capacidad total de generación de la central, incluida la sustitución de la red eléctrica. Hay pruebas de que se están construyendo nuevas líneas eléctricas que conectan la central con la red rusa. Los principales riesgos nucleares que existen actualmente en la ZNPP se agravarían en caso de que Rosatom reiniciara uno o varios reactores, con la posibilidad de que se produjeran emisiones muy importantes de radiactividad al medio ambiente de Ucrania y Europa.
Estos crímenes y riesgos para la seguridad nuclear se producen en un contexto de las conversaciones diplomáticas renovadas para poner fin a las hostilidades.
El destino de la central nuclear de Zaporizhzhia fue uno de los temas planteados en estas conversaciones, Rusia declaró que nunca transferirá el control y el gobierno ucraniano insistió en que el control total de Ucrania es la única forma de restablecer la seguridad. Los actores internacionales han propuesto la supervisión internacional de la central, pero no han llegado a ningún acuerdo significativo.
Este informe se basa en 39 entrevistas en profundidad con sobrevivientes y testigos —entre ellos, 20 miembros del personal de la central nuclear de Zaporizhzhia— realizadas en ucraniano y ruso, anonimizadas por motivos de seguridad y recopiladas de acuerdo con las normas éticas de la investigación de campo, así como en testimonios adicionales de 17 antiguos residentes de Enerhodar proporcionados por la Asociación de Familiares de Presos Políticos del Kremlin. Truth Hounds también supervisó y analizó información de fuentes abiertas procedente de medios de comunicación, canales locales de Telegram, canales oficiales en redes sociales, bases de datos filtradas y otros materiales de fuentes abiertas para documentar los cambios administrativos, las restricciones a la población civil, la dinámica social y la presencia militar en Enerhodar y sus alrededores. La investigación incorporó un análisis de la gobernanza, las operaciones y las actividades globales de Rosatom, basándose en fuentes oficiales rusas, informes corporativos y otras fuentes especializadas. Para evaluar los riesgos de seguridad nuclear, el equipo consultó a un experto nuclear de Greenpeace Ucrania y entrevistó a antiguos profesionales nucleares de la central nuclear de Zaporizhzhia. Expertos jurídicos revisaron las pruebas para evaluar posibles violaciones del DIH y del derecho internacional penal (DIP), con conclusiones verificadas mediante testimonios de testigos y datos de fuentes abiertas para generar un análisis exhaustivo del impacto de la ocupación.
Las implicaciones de los recientes acontecimientos en Enerhodar y en la central nuclear de Zaporizhzhia no se limitan a Ucrania. El deterioro operativo de la central nuclear de Zaporizhzhia, su proximidad a las hostilidades activas y la erosión de la cultura de seguridad amenazan la seguridad nuclear en toda Europa y, potencialmente, más allá de sus fronteras. Un incidente grave podría dispersar materiales radiactivos por vastas áreas, con graves consecuencias humanitarias, medioambientales y económicas.
Truth Hounds y Greenpeace Ucrania piden una acción internacional inmediata y decisiva. Los actores de la justicia penal en las jurisdicciones pertinentes deben iniciar investigaciones y procedimientos legales contra las personas y entidades responsables por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y violaciones de la seguridad nuclear en Enerhodar y en la central nuclear de Zaporizhzhia. Las principales partes interesadas deben imponer urgentemente sanciones ampliadas a Rosatom y sus filiales, centrándose en los flujos financieros que sostienen la ocupación. El equipo de inspección in situ del OIEA debe tener acceso pleno y sin obstáculos al personal de la central y a todas las zonas pertinentes de la central nuclear de Zaporizhzhia. Es esencial llevar a cabo un seguimiento independiente de la situación de los derechos humanos en Enerhodar y en cualquier centro de detención, dando prioridad a la protección del personal de la central. Los organismos de las Naciones Unidas también deben hacer más para condenar públicamente la situación en la central nuclear de Zaporizhzhia y garantizar el seguimiento y la denuncia sistemáticos de los abusos contra los derechos humanos, las violaciones del derecho internacional y los riesgos para la seguridad nuclear. En cualquier negociación en curso, se debe dar prioridad al restablecimiento del control ucraniano sobre la central nuclear de Zaporizhzhia.
La ocupación de Enerhodar y la central nuclear de Zaporizhzhia supone una convergencia especialmente peligrosa de represión sistemática, violaciones del derecho internacional y riesgo de catástrofe nuclear. Rusia ha manifestado su intención de reiniciar la central en condiciones inseguras, lo que agrava aún más el peligro. La inacción no solo abandonará a los sobrevivientes de los abusos en Enerhodar, sino que también expondrá al mundo a la posibilidad de una catástrofe nuclear. La comunidad internacional debe tratar la crisis de la central nuclear de Zaporizhzhia como una prioridad de seguridad mundial, actuando para restablecer la seguridad, defender el estado de derecho y evitar que se siente un precedente de militarización de instalaciones nucleares civiles, como la central nuclear de Zaporizhzhia.
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Truth Hounds ha elaborado este informe con el apoyo de donantes.
Queremos agradecer el generoso apoyo de la Fundación Howard G. Buffett. Su compromiso con esta labor y con el proyecto de PEJ y Truth Hounds «Frenar la máquina de la duda: revelar la verdad sobre los crímenes atroces cometidos en Ucrania mediante litigios estratégicos y campañas de incidencia» garantiza que el mundo conozca el alcance y la magnitud de los actos de Rusia y que el pueblo ucraniano obtenga finalmente justicia. Les agradecemos su confianza en nuestro trabajo y su dedicación a la causa de la justicia para Ucrania.
Esta publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Truth Hounds y no refleja necesariamente las opiniones de la Unión Europea.
Este informe se basa en los recursos tecnológicos de la base de datos I-DOC desarrollada por Case Matrix Network y puesta a disposición con el apoyo de nuestro socio, Norwegian Helsinki Committee, una organización internacional de derechos humanos con sede en Noruega comprometida con la promoción y protección de los derechos humanos, los valores democráticos y el estado de derecho.
Recomendaciones
A los gobiernos extranjeros y a las autoridades judiciales penales:
Investigar los delitos sujetos a jurisdicción universal, entre ellos:
- Investigaciones sobre torturas y otras violaciones graves del DIH en Enerhodar, incluida la posible complicidad de Rosatom; y
- Investigar estos abusos como crímenes contra la humanidad, dada su naturaleza generalizada y sistemática, y exigir responsabilidades tanto a los autores individuales como a las empresas que los han facilitado, incluida Rosatom.
Poner fin a la cooperación con Rosatom, entre otras cosas:
- Suspender o rescindir los contratos existentes con Rosatom y sus filiales debido a su participación en graves violaciones del DIH;
- No establecer nuevas asociaciones con Rosatom, dados los riesgos legales, éticos y de reputación que ello conlleva; y
- Prohibir a las entidades vinculadas a Rosatom participar en la contratación pública y en asociaciones del sector energético.
Imponer sanciones específicas ampliadas mediante:
- Ampliar e imponer sanciones punitivas contra Rosatom, especialmente en la UE y otros Estados que aún no han tomado medidas, entre ellas:
- Prohibiciones de nuevos contratos y de la cooperación nuclear existente;
Restricciones a la exportación de equipos, servicios y tecnología;
Sanciones financieras: congelación de activos y prohibición de transacciones;
Controles de exportación/importación de materiales nucleares, especialmente uranio enriquecido; y
Sanciones a las filiales de Rosatom vinculadas a la adquisición de material militar y al desarrollo de armas nucleares.
Exigir a Rusia que libere a todos los civiles ucranianos detenidos ilegalmente, incluidos los residentes de Enerhodar y los empleados de la central nuclear de Zaporizhzhia.
A los órganos de las Naciones Unidas:
1. El Secretario General de las Naciones Unidas:
- Nombrar a un enviado especial para la protección de la infraestructura civil y la seguridad nuclear en los conflictos armados, con el mandato de:
- Coordinar los esfuerzos internacionales para garantizar la desmilitarización de la central nuclear de Zaporizhzhia y la protección de las instalaciones nucleares en Ucrania;
- Colaborar directamente con todas las partes pertinentes, incluida la Federación de Rusia, para garantizar la retirada inmediata del personal y el equipo militar de la central;
- Actuar como punto focal dedicado a supervisar las amenazas a las instalaciones nucleares en zonas de conflicto o áreas en riesgo de inestabilidad política, incluidas las centrales nucleares en regiones con tensiones crecientes, e informar periódicamente al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la situación de la central nuclear de Zaporizhzhia y otras infraestructuras civiles críticas;
- Facilitar la cooperación con el OIEA y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) a fin de garantizar la supervisión independiente, la evaluación de riesgos y la rendición de cuentas por las violaciones del DIH; y
- Reforzar las normas internacionales en virtud del DIH y el derecho de los derechos humanos relativas a la protección de las infraestructuras nucleares, promover la adhesión a los siete pilares indispensables de la seguridad nuclear del OIEA y a los cinco principios concretos en todas las zonas afectadas por conflictos, e impulsar la inclusión de medidas de protección de la seguridad nuclear en las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los mandatos de mantenimiento de la paz y los acuerdos de alto el fuego.
2. OHCHR:
- Aumentar la supervisión y la condena pública mediante:
- Incorporar las conclusiones sobre las detenciones sistemáticas y las torturas en Enerhodar en los informes de la ACNUDH y desplegar equipos de investigación; y
- Pedir públicamente la liberación inmediata de los civiles detenidos ilegalmente, incluidos los residentes de Enerhodar y el personal de la central nuclear de Zaporizhzhia.
3. Pacto Mundial de las Naciones Unidas:
- Evaluar el cumplimiento por parte de Rosatom de los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Si se confirman las violaciones, suspender inmediatamente su membresía para mantener la integridad del Pacto.
Al OIEA:
- Documentar públicamente y atribuir las violaciones de la seguridad mediante:
- Ir más allá de las actualizaciones genéricas sobre seguridad para documentar específicamente los casos en los que las prácticas ocupacionales violan tanto los Siete Pilares Indispensables del OIEA como los Cinco Principios concretos, nombrando a la parte responsable cuando las pruebas sean claras;
- Publicar informes públicos frecuentes y detallados, con anexos que contengan registros fácticos de los incidentes, cronologías y pruebas fotográficas o sensoriales; y
- Informar al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de las Naciones Unidas con un lenguaje claro sobre las violaciones, destacando tanto los riesgos inmediatos como las amenazas estructurales causadas por el control militar y la coacción del personal; y
Exigir a Rosatom el pleno cumplimiento tanto de los Siete Pilares de la Seguridad Nuclear como de los Cinco Principios Concretos en la central nuclear de Zaporizhzhia y trabajar para impedir cualquier reinicio de la central bajo ocupación militar sin supervisión independiente.
AL Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa:
Llevar a cabo una investigación temática y presentar un informe público, que incluya:
- La publicación de un informe temático especial sobre las violaciones de los derechos humanos contra el personal de la central nuclear de Zaporizhzhia y los residentes de Enerhodar, en el que se documenten las detenciones arbitrarias, las torturas, la coacción y las restricciones a la libertad de movimiento, y se destaque la relación directa entre estos abusos y el deterioro de la cultura de la seguridad nuclear;
- Incluir las conclusiones relacionadas con la central nuclear de Zaporizhzhia en los informes anuales o ad hoc que se presentan al Comité de Ministros y a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa;
- Emitir declaraciones públicas formales en las que se califique el trato que Rusia da al personal de la ZNPP y a los civiles de Enerhodar como violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos y del DIH; y
- Organizar audiencias públicas o paneles de expertos centrados en «Los derechos humanos en las instalaciones nucleares ocupadas», utilizando la ZNPP como principal caso de estudio para poner de relieve las conexiones entre la amenaza para la seguridad nuclear y la grave emergencia de derechos humanos en la central nuclear de Zaporizhzhia y sus alrededores.
A las instituciones estatales ucranianas:
1. A las instituciones estatales ucranianas:
- Integrar las conclusiones del informe en los esfuerzos diplomáticos, las declaraciones internacionales y las presentaciones ante los organismos globales.
2. Enerhoatom (empresa estatal ucraniana de generación de energía nuclear):
- Utilizar las conclusiones de este informe en sus comunicaciones públicas y en sus relaciones internacionales con instituciones nucleares.
3. La Fiscalía General:
- Incluir las pruebas de este informe en las investigaciones en curso sobre violaciones del DIH en Enerhodar, abordando la responsabilidad tanto individual como institucional, incluida Rosatom; y
4. Fuerzas del orden:
- Asegurar que las evaluaciones legales del personal de la central nuclear de Zaporizhzhia y de los civiles bajo ocupación reflejen el entorno coercitivo, incluidas las torturas y las amenazas, que limitan la capacidad de actuar de forma voluntaria.
A las empresas del sector nuclear:
- Cesar todos los vínculos directos e indirectos con Rosatom debido a su papel en graves violaciones de los derechos humanos y de la seguridad nuclear.
A los sindicatos internacionales:
- Condenar públicamente la participación de Rosatom en abusos contra los derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad; y
- Movilizar a sus miembros para exigir a los gobiernos que rompan relaciones con Rosatom y apoyen a los trabajadores energéticos ucranianos perseguidos.
A las organizaciones de la sociedad civil, los activistas medioambientales y las comunidades académicas y científicas:
- Reconocer públicamente que la central nuclear de Zaporizhzhia es un problema de alto riesgo para el medio ambiente y la salud pública;
Concientizar sobre la situación en la ZNPP y exigir justicia involucrando a los gobiernos, apoyando la justicia y la rendición de cuentas para los sobrevivientes de torturas y los detenidos, y llevando a cabo más investigaciones para esclarecer aún más las cuestiones detalladas en este informe; - Abogar por el pleno cumplimiento de las normas internacionales de seguridad, oponerse a cualquier reinicio de la central bajo ocupación e impulsar la desmilitarización del emplazamiento;
- Seguir buscando formas de ayudar a los sobrevivientes de la represión y a sus familias en términos de apoyo psicológico, jurídico y humanitario; y
- Pedir a Rusia que libere a todos los civiles ucranianos detenidos ilegalmente, incluidos los residentes de Enerhodar y los empleados de la central nuclear de Zaporizhzhia.
Esta lista de recomendaciones y destinatarios no es exhaustiva. Se alienta también a las instituciones, organizaciones y personas con la capacidad y el mandato de promover los objetivos descritos anteriormente a que adopten las medidas adecuadas para prevenir nuevas violaciones de la seguridad y los derechos humanos y garantizar la rendición de cuentas por las violaciones examinadas en el presente informe.
